Resolución de 20 de mayo de 2025, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Iberdrola Renovables Castilla y León, SA, autorización administrativa previa para el módulo de generación fotovoltaica Morón de Almazán, de 51,315 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Morón de Almazán (Soria), para su hibridación con el parque eólico existente Morón de Almazán.

Fecha de publicación

jueves, 5 de junio de 2025

Sección

III. Otras Disposiciones

Departamento

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Epígrafe

Instalaciones Eléctricas

Resumen

Resolución de 20 de mayo de 2025, de la Dirección General de Política Energética y Minas

Esta resolución otorga a Iberdrola Renovables Castilla y León, SA, la autorización administrativa previa para la construcción y operación del módulo fotovoltaico Morón de Almazán, de 49,5 MW de potencia instalada, en Morón de Almazán (Soria). La planta se hibridará con el parque eólico existente Morón de Almazán (50 MW), alcanzando una potencia total de 99,5 MW, con infraestructura de evacuación conectada a la red de transporte en la subestación Almazán 400 kV.

El proyecto implica la instalación de 111.969 módulos bifaciales, inversores, centros de transformación y líneas subterráneas, aprovechando infraestructuras existentes del parque eólico. La autorización se concede tras un proceso de tramitación que incluyó informes de distintas administraciones, evaluación ambiental favorable y consulta pública sin alegaciones.

El proyecto cumple con la normativa vigente, incluyendo la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1183/2020, y se enmarca en medidas urgentes por la guerra en Ucrania. Se establecen condiciones ambientales, de protección de flora y fauna, y medidas de protección y conservación, además de requisitos técnicos y de conexión.

La autorización es efectiva desde su publicación y está condicionada a la obtención de permisos adicionales relacionados con ordenación territorial y medio ambiente, así como a la adaptación del proyecto a las condiciones ambientales y condicionantes establecidos. La resolución puede ser impugnada mediante recurso de alzada en el plazo de un mes.