BOE-A-2025-13294

Boletín Oficial del Estado

Resolución de 18 de Junio de 2025, de la Secretaría de Estado de Educación, por la Que Se Publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 12 de Junio de 2025, por el Que Se Aprueba la Propuesta de Distribución Territorial y los Criterios de Reparto de los Créditos Gestionados por Comunidades Autónomas Destinados Al Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en Centros de Especial Complejidad Educativa (programa Proa+, Fondo Social Europeo+), en el Ejercicio Presupuestario 2025.

Fecha de publicación

lunes, 30 de junio de 2025

Resumen

Resolución de 18 de junio de 2025, de la Secretaría de Estado de Educación, publicada el 30 de junio de 2025 en el BOE, que aprueba la distribución territorial y criterios de reparto de 105.936.386 euros del Fondo Social Europeo+ destinados al Programa PROA+ en centros de especial complejidad educativa durante 2025.

La norma regula la asignación de fondos a las comunidades autónomas para mejorar la orientación, enriquecimiento y éxito escolar en centros con alta vulnerabilidad social, mediante actuaciones específicas en inclusión, refuerzo educativo y mejora de competencias clave. Afecta a centros educativos públicos en zonas con alta dispersión o dificultades socioeconómicas, y a las administraciones educativas responsables de su gestión y ejecución.

El acuerdo establece los criterios de distribución basados en niveles de estudios, tasa de idoneidad y dispersión poblacional, garantizando un mínimo de 1,5 millones de euros por comunidad. La financiación se realiza en plazos trimestrales, con un período de ejecución desde septiembre 2025 hasta diciembre 2026. Además, detalla las líneas estratégicas, objetivos, obligaciones de seguimiento, evaluación y justificación de fondos, promoviendo la coordinación entre Ministerio y comunidades para asegurar la correcta implementación.

La resolución entra en vigor en la fecha de publicación y requiere la firma de los convenios específicos con cada comunidad autónoma, quienes deben destinar los fondos a las actuaciones aprobadas, garantizando la transparencia y el cumplimiento normativo en la gestión de los recursos.