Resolución de 8 de Julio de 2025, de la Secretaría General Técnica, por la Que Se Publica el Convenio Entre el Ayuntamiento de Albacete y la Entidad Estatal de Derecho Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, para la Colaboración en el Ámbito de la Inserción Sociolaboral de las Personas en Situación de Privación de Libertad.

Fecha de publicación

viernes, 11 de julio de 2025

Sección

III. Otras Disposiciones

Departamento

Ministerio del Interior

Epígrafe

Convenios

Resumen

Resolución de 8 de julio de 2025, de la Secretaría General Técnica

Publica el convenio suscrito el 30 de junio de 2025 entre el Ayuntamiento de Albacete y la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, destinado a la colaboración en la inserción sociolaboral de personas en privación de libertad.

Este acuerdo regula acciones conjuntas para facilitar la integración laboral de internos en el Centro Penitenciario de Albacete y el CIS «Marcos Ana», mediante programas de formación, orientación y acompañamiento laboral. Afecta principalmente a internos penitenciarios, recursos públicos de empleo y formación, y empresas colaboradoras en la provincia.

El convenio establece responsabilidades específicas: la Entidad Penitenciaria seleccionará y dará seguimiento a los participantes, mientras que el Ayuntamiento facilitará recursos humanos, formación, orientación y empleo protegido. La financiación total asciende a 70.000 euros, aportados en partes iguales por ambas instituciones, destinados a actividades formativas, ayudas económicas y contratación de personal técnico.

Se contempla un mecanismo de seguimiento mediante una Comisión Mixta, que evaluará la ejecución y resultados del programa. La duración del acuerdo es hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga. La resolución del convenio puede producirse por incumplimiento, acuerdo mutuo o causas legales, garantizando la continuidad de las acciones en curso.

Entrada en vigor: desde su publicación (11 de julio de 2025). La norma busca potenciar la colaboración interadministrativa para mejorar las oportunidades de inserción laboral de colectivos vulnerables en el ámbito penitenciario.