BOE-A-2025-19857
Boletín Oficial del Estado
Resolución de 24 de Septiembre de 2025, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Que Se Dictan Criterios de Actuación en Materia de Suspensión de la Ejecución de los Actos Impugnados mediante Recursos y Reclamaciones y de Relación Entre los Tribunales Económico-administrativos y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Fecha de publicación
lunes, 6 de octubre de 2025
Sección
III. Otras DisposicionesDepartamento
Ministerio de HaciendaResumen
Resolución de 24 de septiembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT
Publicada en BOE el 6 de octubre de 2025
Esta resolución actualiza los criterios de actuación en materia de suspensión de la ejecución de actos tributarios impugnados, así como la relación entre los Tribunales Económico-Administrativos y la Agencia Tributaria. Sustituye la normativa vigente desde 2006, adaptando procedimientos a cambios normativos, jurisprudenciales y tecnológicos recientes.
Afecta a los órganos de la Administración Tributaria, Tribunales Económico-Administrativos, y a los contribuyentes, estableciendo procedimientos claros para la tramitación y resolución de solicitudes de suspensión de actos administrativos, garantías, y comunicación de resoluciones. Incluye reglas específicas para la presentación telemática de reclamaciones, requisitos de garantías (económicos y jurídicos), y plazos para remitir resoluciones y sentencias, garantizando mayor agilidad y coherencia en la gestión.
Destacan novedades en la regulación de garantías, incluyendo avales, depósitos y fianzas, así como en la tramitación de suspensiones en procedimientos de revisión y recaudación, con especial énfasis en la protección de derechos del contribuyente y la eficiencia administrativa. Además, se refuerza la coordinación entre órganos de recaudación, Tribunales y Oficinas de Relación, y se actualizan los criterios para la ejecución de sentencias y resoluciones.
La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación, el 7 de octubre de 2025. Su finalidad es garantizar la correcta y eficiente gestión de los recursos públicos, la protección de derechos de los contribuyentes y la coherencia en la actuación administrativa tributaria.
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