Resolución de 7 de Octubre de 2025, de la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, por la Que Se Publica el Convenio con la Universidad de Cantabria, para la Realización de Prácticas Externas en la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Resolución de 7 de octubre de 2025, de la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio (BOE-A-2025-20885, publicada el 17/10/2025)

Objeto y alcance:
Publica el convenio entre la Universidad de Cantabria y la Administración General del Estado (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) para la realización de prácticas externas en la Delegación del Gobierno en Cantabria. Este acuerdo regula la incorporación de estudiantes universitarios en prácticas curriculares y extracurriculares, con el fin de completar su formación académica y facilitar su inserción laboral.

Impacto y afectados:
Afecta a estudiantes de la Universidad de Cantabria que cursen estudios oficiales de Grado o Máster, quienes podrán realizar prácticas en la Delegación del Gobierno en Cantabria. La colaboración busca potenciar la formación práctica, promover la adquisición de competencias profesionales y fortalecer la relación entre la Administración Pública y la comunidad universitaria. La duración del convenio es de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, con un máximo de diez estudiantes por curso académico.

Obligaciones y condiciones:
El convenio establece la definición del proyecto formativo, duración, horarios, tutores, obligaciones de los estudiantes (confidencialidad, cumplimiento de normativas, informes), responsabilidades de la Delegación y la Universidad, así como los mecanismos de seguimiento y resolución de conflictos. La relación no implica vínculo laboral ni reconocimiento de méritos para la función pública, y los estudiantes estarán cubiertos por seguros de responsabilidad civil y accidentes.

Entrada en vigor:
Desde su inscripción en el REOICO, el 7 de octubre de 2025, y publicación en el BOE, con vigencia inicial de cuatro años, prorrogables según acuerdo unánime de las partes.