Resolución de 18 de Diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la Que Se Publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 9 de Diciembre de 2025, sobre la Adaptación de los Servicios Prestados Desde la Prestación de Asistencia Personal y del Servicio de Ayuda a Domicilio Previstos en los Artículos 19 y 23 de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, a las Necesidades de las Personas Destinatarias de la Ley 3/2024, de 30 de Octubre, para Mejorar la Calidad de Vida de Personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y Otras Enfermedades o Procesos de Alta Complejidad y Curso Irreversible.

Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales
Fecha de publicación: 2 de enero de 2026

Esta norma publica el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que adapta los servicios de ayuda a domicilio y asistencia personal, previstos en la Ley 39/2006, para atender las necesidades específicas de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, en línea con la Ley 3/2024.

El impacto principal afecta a personas diagnosticadas con ELA en fases avanzadas, que requieren cuidados continuados y especializados, incluyendo supervisión 24 horas para prevenir riesgos de muerte evitable. Se establece que podrán acceder a un grado de dependencia III+ (máximo de 9.850 euros de prestación) quienes presenten criterios clínicos específicos, como soporte ventilatorio prolongado, necesidad de aspiración diaria o inmovilidad en el tren superior, certificados por profesionales médicos.

El acuerdo también regula la acreditación de la situación mediante certificados médicos, la posibilidad de ajustar la cuantía de la prestación según necesidades y recursos, y las condiciones para la prestación de servicios por profesionales con certificaciones específicas. Además, crea un grupo de trabajo técnico para monitorizar la implementación de estas medidas.

La entrada en vigor se produce de forma inmediata tras su publicación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los afectados y garantizar una atención especializada y continuada en los casos más complejos.