BOE-A-2026-2146
Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 58/2026, de 28 de Enero, por el Que Se Modifica el Real Decreto 990/2021, de 16 de Noviembre, por el Que Se Aprueba la Concesión Directa de Ayudas a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla para la Ejecución de Diversas Actuaciones de Mejora de las Infraestructuras de Telecomunicaciones en Edificios, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para Su Adaptación a la Adenda Al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Apoyo a la Recuperación y Resiliencia en Respuesta a Desastres Naturales (programa Unico-edificios).
Fecha de publicación
viernes, 30 de enero de 2026
Sección
I. Disposiciones GeneralesEpígrafe
AyudasResumen
Real Decreto 58/2026, de 28 de enero
Fecha de publicación: 30 de enero de 2026
Este decreto modifica el Real Decreto 990/2021, que aprobó la concesión de ayudas directas a comunidades autónomas y ciudades autónomas para mejorar infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La modificación responde a la adenda aprobada en 2025, que elimina la inversión C15.I4 del PRTR tras los daños por la DANA de 2024, y ajusta los objetivos de actuaciones mínimas para las comunidades, estableciendo un total de 185 actuaciones repartidas entre las distintas regiones, con especial énfasis en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y el País Vasco.
El impacto práctico afecta a las comunidades autónomas y ciudades en la ejecución de actuaciones relacionadas con la mejora de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en línea con los nuevos objetivos definidos. La norma también contempla la exclusión de intereses de demora en caso de reintegro de subvenciones, en aplicación del artículo 216 del Real Decreto-ley 5/2023, en respuesta a las circunstancias derivadas de la crisis por la guerra en Ucrania y otros escenarios de vulnerabilidad.
El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 31 de enero de 2026, y busca garantizar la coherencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos, ajustándose a principios de buena regulación, seguridad jurídica y transparencia.
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