Ley 5/2025, de 23 de Diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de Galicia
Publicada en el BOE el 14 de febrero de 2026, entra en vigor el 1 de enero de 2026, con excepciones específicas desde 2025 y 2023.

Resumen:
Esta ley regula un conjunto de medidas de carácter fiscal y administrativo destinadas a reforzar la gestión presupuestaria, la protección del medio ambiente, la promoción de la vivienda, la simplificación administrativa y la protección del patrimonio cultural en Galicia. Destacan las modificaciones en tributos cedidos, como deducciones en IRPF para ayudas por incendios forestales, víctimas de talidomida, adquisición de libros y materiales escolares, y beneficios para familias monoparentales y víctimas de violencia de género, con límites actualizados y condiciones específicas. Se amplían los tipos reducidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) para viviendas protegidas y contratos de vitalicio, además de establecer bonificaciones en zonas rurales y áreas de influencia forestal.

En el ámbito administrativo, se actualizan tasas, se refuerzan los procedimientos en materia de protección del patrimonio cultural, con especial atención a bienes catalogados y caminos históricos, y se introducen medidas para agilizar la tramitación de proyectos urbanísticos y de infraestructuras, incluyendo planes de interés autonómico y procedimientos de inspección minera y forestal. Se fortalecen los órganos de control, como la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, y se establecen mecanismos para la gestión de la biomasa y la prevención de incendios, con especial énfasis en la colaboración entre administraciones y en la protección del medio rural.

Impacto:
Afecta a particulares, empresas, administraciones públicas y profesionales del ámbito fiscal, urbanístico, medioambiental y sanitario, promoviendo mayor eficiencia, sostenibilidad y protección del patrimonio y el medio ambiente en Galicia. La entrada en vigor en 2026 refuerza la planificación a largo plazo, con medidas específicas en 2025 y 2023 para atender situaciones de emergencia y necesidades sociales.