BOE-A-2026-7408
Boletín Oficial del Estado
Acuerdo de 25 de Marzo de 2026, de la Comisión de Selección Prevista en el Artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, por el Que Se Emplaza a las Personas Interesadas en el Recurso Contencioso-administrativo 2/35/2026, Interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala de Lo Contencioso-administrativo, Contra el Acuerdo de 1 de Diciembre de 2025, por la Que Se Aprueba la Relación Provisional de Personas Admitidas y Excluidas para Tomar Parte en las Pruebas Selectivas para la Provisión de Plazas de Alumnos y Alumnas de la Escuela Judicial y del Centro de Estudios Jurídicos, para Su Posterior Acceso a la Carrera Judicial por la Categoría de Juez/a y a la Carrera Fiscal por la Categoría de Abogado/a Fiscal, Convocadas por Acuerdo de 29 de Octubre de 2025.
Fecha de publicación
miércoles, 1 de abril de 2026
Sección
III. Otras DisposicionesDepartamento
Consejo General del Poder JudicialEpígrafe
RecursosResumen
Acuerdo de 25 de marzo de 2026 del Consejo General del Poder Judicial
Fecha de publicación: 1 de abril de 2026
Este acuerdo regula la solicitud del Tribunal Supremo en un recurso contencioso-administrativo (002/000035/2026) contra el acto de la Comisión de Selección del 1 de diciembre de 2025, que aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para acceder a la Carrera Judicial y Fiscal, convocadas en octubre de 2025.
El acuerdo implica que las personas interesadas en mantener el acto recurrido, que tengan derechos subjetivos o intereses legítimos y estén identificadas en el expediente, pueden personarse como demandados en el proceso en un plazo de nueve días desde la publicación en el BOE. La finalidad es garantizar la participación de posibles afectados en la defensa del acto administrativo impugnado y asegurar su eficacia durante el proceso judicial.
El impacto práctico afecta a los candidatos y a los órganos administrativos implicados en el proceso selectivo, ya que establece los procedimientos para la defensa jurídica del acto y la posible impugnación.
El acuerdo entra en vigor con su publicación y busca garantizar la transparencia y el derecho a la defensa en el procedimiento judicial relacionado con las pruebas selectivas para el ingreso en la Carrera Judicial y Fiscal.
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