Ley 9/2025, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026.

Resumen de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 (publicada en el BOE el 3 de abril de 2026)

La norma regula los presupuestos autonómicos para 2026, estableciendo un gasto total de 13.155,79 millones de euros, con un incremento del 6,96% respecto a 2025, priorizando sanidad, educación, bienestar social y vivienda. La ley afecta a diversas entidades públicas, organismos autónomos, sociedades mercantiles públicas, fundaciones y fondos carentes de personalidad jurídica, distribuyendo recursos en función de sus competencias y necesidades.

Se mantiene el equilibrio fiscal, con cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y deuda pública, en un contexto de incertidumbre económica internacional y nacional. Se refuerza la gestión del gasto, control de créditos, y la ejecución de fondos europeos, especialmente los del Plan de Recuperación Next Generation EU, con especial atención a la ejecución de proyectos y programas cofinanciados.

El capítulo de ingresos contempla beneficios fiscales estimados en 4.012 millones de euros, y un incremento en las tasas de la Comunidad Autónoma en un 1%. Se establecen límites en retribuciones del personal, con congelación de salarios en 2026, salvo ajustes por normativa estatal, y se regulan las condiciones de contratación, incluyendo restricciones a la contratación temporal y procedimientos de selección.

Destacan medidas específicas para la gestión de recursos humanos en sanidad, educación y justicia, con énfasis en la planificación de recursos, control de gastos de personal y regulación de retribuciones. La ley también contempla la suspensión de ciertos acuerdos y pactos sindicales, y la creación de fondos e instrumentos financieros para promover la innovación y la sostenibilidad.

En vigor desde el 1 de enero de 2026, la ley refleja un marco presupuestario prudente, orientado a garantizar la sostenibilidad y la prestación de servicios públicos en un escenario de incertidumbre económica.