Resolución de 15 de Abril de 2026, de la Secretaría General Técnica, por la Que Se Publica el Acuerdo de Encomienda de Gestión de la Secretaría de Estado de Migraciones a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, para la Recepción y Grabación en la Plataforma Correspondiente de Solicitudes de las Autorizaciones de Residencia Reguladas en el Real Decreto 316/2026, de 14 de Abril, por el Que Se Modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de Noviembre, por el Que Se Aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y Su Integración Social.

Resolución de 15 de abril de 2026, publicada en el BOE el 16 de abril, que oficializa la encomienda de gestión de la Secretaría de Estado de Migraciones a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Esta encomienda regula la participación de estos organismos en la recepción y grabación en la plataforma MERCURIO de solicitudes de autorizaciones de residencia reguladas por el Real Decreto 316/2026, que modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El objetivo es facilitar la gestión material de solicitudes de residencia por circunstancias excepcionales (arraigo y protección internacional), mediante la apertura de oficinas específicas en varias provincias, incluyendo Madrid, Barcelona, Valencia, entre otras, y la coordinación con otras administraciones públicas. La encomienda busca optimizar recursos y garantizar una atención eficiente, estableciendo obligaciones, financiación, seguimiento y protección de datos personales, en línea con la normativa vigente.

El acuerdo entra en vigor con su publicación y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2026, fecha límite para la presentación de solicitudes. La gestión se realiza sin ceder competencias, asegurando la responsabilidad de los órganos encomendantes y la colaboración de los organismos participantes.