BOE-B-2025-22895
Boletín Oficial del Estado
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la Que Se Abre Información Pública y Se Convoca a los Propietarios de los Bienes y Derechos Afectados Al Levantamiento de las Actas Previas Correspondientes Al Expediente de Expropiación Forzosa 389adif2598 Motivado por las Obras del "proyecto de Construcción de Protecciones Acústicas del Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Ourense - Santiago de Compostela" en los Términos Municipales de Ourense (ourense) y Santiago de Compostela (a Coruña).
Fecha de publicación
miércoles, 18 de junio de 2025
Departamento
Ministerio de Transportes y Movilidad SostenibleResumen
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario de 18 de junio de 2025
Esta norma abre un período de información pública y convocatoria a propietarios afectados para el levantamiento de las actas previas a la ocupación en el marco del expediente de expropiación forzosa 389ADIF2598, motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de protecciones acústicas del Eje Atlántico de Alta Velocidad, Tramo: Ourense - Santiago de Compostela". La medida afecta a terrenos en los municipios de Ourense y Santiago de Compostela, incluyendo propiedades urbanas y rurales, con superficies que van desde 74 m² hasta más de 9.200 m².
El proceso, iniciado por ADIF el 5 de marzo de 2025, declara la utilidad pública e interés social del proyecto, estableciendo la necesidad de ocupación y declarando la urgencia, conforme a la Ley 38/2015 y la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. La resolución permite a los titulares y personas interesadas presentar alegaciones por escrito durante 15 días hábiles, y consultar el Anejo de Expropiaciones en sedes físicas y plataformas web del Ministerio de Transportes y ADIF.
Asimismo, se convoca a los propietarios afectados a actos de levantamiento de actas previas en los municipios de Ourense y Santiago de Compostela, con fechas y horarios específicos, notificando también a interesados desconocidos mediante publicación oficial. La entrada en vigor de la resolución se produce el 18 de junio de 2025.
Impacto: afecta a propietarios públicos y privados, instituciones y particulares, en procedimientos de expropiación y ocupación temporal, con implicaciones jurídicas, económicas y urbanísticas.
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