Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por el Que Se Publica la Aprobación Provisional y Se Ordena la Incoación del Expediente de Información Pública del Proyecto de Trazado "autovia A-12, del Camino de Santiago. Tramo: Ibeas de Juarros – Burgos". Provincia de Burgos. Clave: 12-bu-4440.t.

Resumen de la Resolución de 26 de junio de 2025, del Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras en Castilla y León Oriental

La resolución aprueba provisionalmente el proyecto de trazado de la autovía A-12, del Camino de Santiago, en su tramo Ibeas de Juarros – Burgos, declarando su carácter de urgencia y sometiéndolo a información pública previa a la declaración de utilidad pública y urgente ocupación de bienes afectados. La aprobación afecta directamente a propietarios, titulares catastrales y administraciones locales, quienes podrán presentar alegaciones en un plazo de 30 días hábiles desde la publicación, centradas en la declaración de interés general y en la reordenación de accesos y bienes afectados.

El proceso incluye la incoación de expedientes de información pública en los municipios de Burgos, Castrillo del Val, Cardeñajimeno y Ibeas de Juarros, con la publicación en el BOE, en los boletines provinciales y en medios de circulación mayoritaria. Se remite también a las comunidades autónomas, departamentos ministeriales y corporaciones locales para informes y consultas, especialmente en materia de vías pecuarias y bienes de dominio público.

La declaración definitiva implicará la utilidad pública y la necesidad de ocupación urgente de bienes, con expropiaciones, ocupaciones temporales y modificaciones de servicios. La documentación y relación individualizada de bienes afectados estará a disposición del público en sedes electrónicas y en los ayuntamientos afectados.

El plazo de información pública será de 30 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación, y la resolución entrará en vigor inmediatamente tras su publicación.

Impacto práctico y jurídico: afecta a propietarios y administraciones, estableciendo procedimientos para alegaciones y expropiaciones, y garantiza transparencia mediante publicación y consulta pública.

Fecha de entrada en vigor: 1 de julio de 2025.