Anuncio de la Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia por la Que Se Acuerda y Anuncia Convocatoria de Subasta Pública Al Alza, mediante el Procedimiento de Presentación de Ofertas en sobre Cerrado, de Bienes Patrimoniales Propiedad de la Administración General del Estado, Sitos en la Provincia de Valencia, y Pliego de Cláusulas Que Rige Dicha Subasta.

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia de 30 de septiembre de 2025
Convocatoria de subasta pública de bienes patrimoniales del Estado en la provincia de Valencia

La resolución regula la convocatoria de una subasta pública al alza, mediante presentación de ofertas en sobre cerrado, de bienes patrimoniales propiedad de la Administración General del Estado en Valencia. La subasta se celebrará el 27 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, en el Aula de Formación de la Gerencia Regional del Catastro en Valencia.

Afecta a personas físicas y jurídicas con capacidad legal para contratar, excluyendo a quienes hayan renunciado o incumplido obligaciones en subastas anteriores. Los bienes enajenados son terrenos rústicos en diversos municipios, con valores de licitación que oscilan desde 50 € hasta más de 11.000 €, y garantías del 10% del valor de licitación, constituidas en efectivo, en la Caja General de Depósitos o mediante modalidades legales previstas.

El proceso incluye la presentación de ofertas hasta el 7 de noviembre de 2025, en sobres cerrados, y la apertura pública de las mismas en la fecha señalada. La adjudicación definitiva será formalizada por orden ministerial, con notificación al adjudicatario, quien deberá completar el pago en un plazo de un mes. La resolución también contempla mecanismos de reserva, posibles adjudicaciones directas en casos de subastas desiertas, y advertencias sobre derechos de tanteo y retracto de colindantes.

La norma entra en vigor en la fecha de su publicación (7 de octubre de 2025) y establece que los gastos y tributos derivados correrán a cargo de los adjudicatarios. La resolución busca facilitar la enajenación de bienes no necesarios para la Administración, garantizando transparencia y cumplimiento legal en el proceso.