BOE-B-2025-39233

Boletín Oficial del Estado

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana por la Que Se Convoca Al Levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los Bienes y Derechos Afectados por el Documento Técnico para las Expropiaciones de las "obras de Emergencia para la Reparación de los Desperfectos Producidos en el Talud de Separación de la A-3 y la Rambla del Poyo, Así Como en las Estructuras de Paso de la A-3 y la A-7 sobre Este Barranco, a Causa de los Acontecimientos Catastróficos Ocurridos con Motivo de las Intensas Lluvias Caídas el 29 de Octubre de 2024 en la Provincia de Valencia".

Fecha de publicación

martes, 28 de octubre de 2025

Resumen

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana de 28 de octubre de 2025

Esta norma convoca la realización del levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras de emergencia para reparar los daños causados en la A-3 y la A-7 en la provincia de Valencia, tras las intensas lluvias del 29 de octubre de 2024. La medida responde a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aprobada por el Consejo de Ministros, y a la habilitación de un crédito de más de 15,6 millones de euros para la reparación de desperfectos en infraestructuras viarias.

Afecta a titulares de bienes y derechos en el término municipal de Riba-Roja de Túria, donde se realizará el acto de levantamiento en la Sala del Castillo del Ayuntamiento, el 13 de noviembre de 2025, de 11:00 a 14:00 horas. La convocatoria incluye la notificación individual a los afectados, quienes deberán acudir acompañados de documentación acreditativa de propiedad y, en su caso, de arrendamiento.

El procedimiento se ajusta a la Ley de Expropiación Forzosa, en su modalidad de urgencia, permitiendo la ocupación de los bienes afectados sin necesidad de acuerdo previo, mediante publicación y notificación. La finalidad es garantizar la rápida ejecución de las obras para subsanar los daños ocasionados por la emergencia climática, con impacto jurídico y económico en los propietarios y titulares de derechos afectados. La entrada en vigor es inmediata tras su publicación.