Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, por la Que Se Concede a Favor de la Mercantil Ancen Solar Iv, S.l., Modificación de Autorización Administrativa Previa y de Construcción, Así Como la Declaración en Concreto de Utilidad Pública, para las Infraestructuras de Evacuación Denominadas "líneas Aéreas/subterráneas de Alta Tensión 66 Kv para la Conexión Entre las Set Ence Sevilla – Set Santiponce – Set Carambolo y Set Salteras – Set Tomares – Set Centenario", Ubicada en los Términos Municipales de Salteras, Valencina de la Concepción, Santiponce, Camas, Sevilla y Tomares (sevilla).

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, de 3 de octubre de 2025, que concede a ANCEN SOLAR IV, S.L. la modificación de la Autorización Administrativa Previa y de Construcción, así como la declaración en concreto de Utilidad Pública, para la infraestructura de líneas eléctricas de alta tensión (66 kV) en los municipios de Salteras, Valencina de la Concepción, Santiponce, Camas, Sevilla y Tomares. La infraestructura conecta varias subestaciones para evacuar energía generada por proyectos fotovoltaicos, compartiendo la línea con otros promotores. La resolución afecta directamente a la planificación, expropiación y uso de terrenos, estableciendo la necesidad de ocupación y servidumbres para la instalación, con efectos de utilidad pública y expropiatorios, en línea con la normativa energética y ambiental vigente. La autorización se concede tras trámite de información pública y alegaciones, con conformidad de los organismos afectados. La resolución especifica las características técnicas de la línea, los tramos, apoyos y condiciones de seguridad y medioambientales, señalando que la autorización no exime de permisos urbanísticos o ambientales adicionales. La declaración de utilidad pública implica la ocupación forzosa de bienes y derechos necesarios, con la posibilidad de impugnar mediante recursos administrativos o judiciales en el plazo establecido. La resolución entra en vigor de inmediato y se remite a los interesados para su cumplimiento, garantizando la legalidad y la coordinación con las administraciones y organismos afectados.