Anuncio de Licitación de: Secretaria de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. Objeto: Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para el Control de la Aplicación de las Bonificaciones de Peaje en la Autopista Ap-53 en Cumplimiento del Real Decreto 276/2025, de 8 de Abril, por el Que Se Modifican Ciertos Términos de la Concesión de la Autopista Santiago de Compostela-ourense, Ap-53. Expediente: Setms2025022.

Resolución de 11 de noviembre de 2025 del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Se anuncia la licitación del contrato de servicios de asistencia técnica para el control de las bonificaciones de peaje en la autopista AP-53, en cumplimiento del Real Decreto 276/2025, que modifica ciertos términos de la concesión de dicha autopista entre Santiago de Compostela y Ourense. La contratación, gestionada por la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, tiene un valor estimado de 627.978,71 euros y una duración de 24 meses.

El objetivo principal es garantizar la correcta aplicación de las bonificaciones en peajes, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente. La licitación es de carácter abierto, afectando a empresas y profesionales especializados en ingeniería, consultoría en carreteras, telecomunicaciones y auditoría informática. La participación requiere cumplir con requisitos de capacidad técnica, económica y profesional, sin posibilidad de presentar variantes.

El proceso contempla la recepción de ofertas hasta las 14:00 horas del 22 de diciembre de 2025, con apertura de sobres administrativos y técnicos en enero, y de la oferta económica en marzo de 2026, en modalidad telemática. La presentación de propuestas puede realizarse electrónicamente, incluyendo facturación y pagos electrónicos. La resolución establece además recursos administrativos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con plazos y procedimientos específicos.

Este anuncio se publica en el BOE, facilitando acceso libre y gratuito a los pliegos de contratación. La norma entra en vigor tras su publicación, afectando a los actores del sector de infraestructuras y servicios públicos relacionados con carreteras y tecnologías de la información.