Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Sometimiento a Información Pública del Acuerdo por el Que Se Inicia el Expediente de Inmatriculación o Inscripción Conforme Al Procedimiento Establecido en la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de Determinada Finca Adscrita Al Dominio Público Viario de la Autopista Ap-7, en el Término Municipal de Tarragona, Perteneciente a la Demarcación Territorial del Distrito Hipotecario del Registro de la Propiedad Nº1 de Tarragona.

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre expediente de inmatriculación de finca en Tarragona (BOE-B-2025-43724, 26 de noviembre de 2025)

Este anuncio regula el inicio del procedimiento de inmatriculación, a favor del Estado, de una finca adscrita al dominio público viario de la autopista AP-7 en Tarragona, afectando una superficie de aproximadamente 944,9 hectáreas. La finca, ocupada y utilizada por la autopista desde 1977, carece de título escrito de adquisición, aunque ha sido afectada por expropiaciones y uso continuado, con posesión pública y pacífica.

El proceso afecta a titulares de posibles inscripciones contradictorias o sus causahabientes, quienes disponen de 20 días hábiles desde la publicación para presentar oposiciones. La finca se describe detalladamente en planos y documentación accesible en la sede electrónica del Ministerio y en la sede física de la Demarcación en Barcelona.

El impacto práctico para abogados, funcionarios, asesores fiscales y empresarios radica en la regularización registral de un bien público, garantizando la seguridad jurídica y la protección del dominio público. La inscripción consolidará la titularidad del Estado sobre la superficie ocupada por la infraestructura viaria, facilitando futuras gestiones y expropiaciones.

La resolución entra en vigor tras su publicación, y el plazo para alegaciones finaliza a los 20 días hábiles posteriores. La notificación se realiza en cumplimiento de la Ley 33/2003 y la Ley 39/2015, garantizando transparencia y participación pública en el proceso.