BOE-B-2026-1215

Boletín Oficial del Estado

Anuncio del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña de Información Pública sobre la Solicitud de la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción y Declaración de Utilidad Pública Correspondiente a la Ampliación de la Subestación Sant Fost con Una Reactancia de 100 Mvar, en el Término Municipal de Sant Fost de Campsentelles (fue-2025-04741249).

Fecha de publicación

lunes, 19 de enero de 2026

Resumen

Resolución de 12 de enero de 2026 de la Generalitat de Cataluña sobre la ampliación de la subestación Sant Fost

Este anuncio pública la apertura de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa previa, de construcción y declaración de utilidad pública para la ampliación de la subestación eléctrica Sant Fost en Sant Fost de Campsentelles, promovida por Red Eléctrica de España. La intervención consiste en instalar una reactancia de 100 MVAr en la subestación, con el fin de gestionar la compensación reactiva en la red de transporte eléctrico de la zona.

Afecta principalmente a la infraestructura eléctrica y a los bienes y derechos afectados en el municipio, incluyendo terrenos y propiedades específicas, cuya lista se publica en el expediente. La inversión prevista es de aproximadamente 3,42 millones de euros. La ampliación responde a las directrices del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, para mejorar la resiliencia y estabilidad del sistema eléctrico.

El proyecto cumple con la normativa vigente, incluyendo la Ley 18/2008, el Real Decreto 1955/2000 y la Ley 24/2013 del sector eléctrico, y requiere la ocupación de terrenos y derechos mediante servidumbres, con un plazo de alegaciones de 30 días a partir de la publicación. La entrada en vigor de la resolución es inmediata, permitiendo a interesados y afectados consultar el expediente y presentar alegaciones en los plazos establecidos.

Este anuncio es relevante para abogados, ingenieros, empresas eléctricas, administraciones públicas y ciudadanos afectados por la infraestructura.