Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Málaga por el Que Se Somete Al Trámite de Información Pública la Solicitud de Declaración, en Concreto de Utilidad Pública del Proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica Denominada "psf Ronda 1" y de la Línea Subterránea de Alta Tensión 30kv, para la Conexión de la Citada Planta Fotovoltaica con la Set Ronda Promotores Fv (220/30 Kv), en el Término Municipal de Cañete la Real (málaga), Formulada por Cobra Concesiones, S.l. (expediente Cg-868).

Anuncio de información pública sobre la solicitud de declaración de utilidad pública del proyecto fotovoltaico "PSF Ronda 1" en Málaga (BOE, 20/02/2026)

La Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Málaga somete a trámite de información pública la solicitud de declaración de utilidad pública del proyecto de planta solar fotovoltaica "PSF Ronda 1" y su línea subterránea de alta tensión (30 kV), presentada por Cobra Concesiones, S.L. La declaración de utilidad pública implica la posible ocupación urgente de bienes y derechos afectados, autorizando expropiaciones si fuera necesario, en el término municipal de Cañete la Real. La finalidad del proyecto es la producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica, afectando varias fincas en la zona.

El proceso afecta a propietarios y titulares de bienes y derechos en las fincas relacionadas, con un plazo de 30 días desde la publicación para presentar alegaciones y aportar documentación. La relación de bienes y derechos afectados, incluyendo fincas susceptibles de expropiación, se publica en el BOE, en el BOJA, en el BOP y en medios locales. La documentación puede consultarse en la Delegación en Málaga y en la web de transparencia de la Junta de Andalucía.

La resolución entra en vigor tras su publicación, permitiendo a los interesados ejercer su derecho a alegar y presentar recursos en los plazos establecidos. Este trámite es esencial para avanzar en la tramitación administrativa del proyecto y garantizar la participación pública en decisiones que afectan al territorio y a los derechos de los propietarios.