Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de Información Pública y Convocatoria para el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de Bienes y Derechos Afectados por las Obras del Proyecto de Trazado "acondicionamiento, Ampliación de Capacidad y Mejora de la Confluencia de la Autopista Ap-1 con la Calzada Madrid-irún de la A-1 en el Enlace de Armiñón. Tramo: Condado de Treviño". Clave del Proyecto: T7-bu-4760. Término Municipal de Condado de Treviño. Provincia de Burgos.

Resolución de 10 de marzo de 2026, de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental

Esta resolución aprueba la convocatoria pública para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el marco del proyecto de acondicionamiento, ampliación de capacidad y mejora de la confluencia de la autopista AP-1 con la calzada Madrid-Irún, en el enlace de Armiñón (Condado de Treviño, Burgos). La iniciativa, aprobada inicialmente en septiembre de 2025 y definitivamente en febrero de 2026, implica la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación urgente de bienes y derechos afectados, en cumplimiento de la Ley 37/2015 de Carreteras y la Ley de Expropiación Forzosa de 1954.

El proceso afecta a propietarios y titulares de bienes en el término municipal de Condado de Treviño, quienes deberán comparecer en el acto de levantamiento de las actas previas el 28 de abril de 2026 en el Centro Cívico Río Ayuda de Treviño. La convocatoria incluye notificación individual y publicación en medios oficiales y diarios, garantizando el derecho de los afectados a presentar alegaciones en un plazo de 15 días. La resolución también detalla la relación de bienes afectados, principalmente terrenos rurales, y establece que los interesados podrán consultar los planos y documentación en las dependencias administrativas y en internet.

Este procedimiento es fundamental para avanzar en la ejecución del proyecto, asegurando la ocupación de bienes necesarios para la mejora de la infraestructura vial, con impacto en la planificación territorial y en la gestión expropiatoria. Entrada en vigor: 13 de marzo de 2026.