Anuncio Complementario de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón por el Que Se Someten Al Trámite de Información Pública el Estudio de Impacto Ambiental y las Solicitudes de Modificación de Autorización Administrativa Previa y de Modificación de Autorización Administrativa de Construcción para la Instalación Solar Fotovoltaica Arada Solar, de 139,8 Mw de Potencia Instalada, y para la Infraestructura de Evacuación Hasta la Red de Transporte, en los Términos Municipales de Chilches, la Vall D’uixó, Nules, Burriana, Alquerías del Niño Perdido, Vila-real y Betxí, en la Provincia de Castellón.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Castellón publicada el 27 de marzo de 2026, que somete a información pública el estudio de impacto ambiental y las solicitudes de modificación de la autorización administrativa previa y de construcción para el proyecto solar fotovoltaico Arada Solar, de 139,8 MW de potencia instalada. La iniciativa afecta a los municipios de Chilches, la Vall d’Uixó, Nules, Burriana, Alquerías del Niño Perdido, Vila-real y Betxí en Castellón, y busca la construcción de una planta solar y su infraestructura de evacuación para generación de energía eléctrica destinada a la comercialización.

El proceso responde a una revisión del proyecto, incluyendo correcciones en la documentación, como la incorporación del Anejo III sobre impactos en espacios protegidos de la Red Natura 2000, que no estaba en la versión inicial. La resolución permite a interesados consultar la documentación técnica y ambiental durante 40 días hábiles, y presentar alegaciones por medios electrónicos.

El proyecto, con un presupuesto de aproximadamente 79 millones de euros, contempla una planta con 210.780 módulos, una subestación elevadora y una línea de evacuación de 17,756 km, con modificaciones respecto a la versión autorizada en 2025, principalmente en la ubicación de instalaciones, configuración de la línea de evacuación y reducción de la superficie afectada. La entrada en vigor está prevista tras la publicación, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana y el cumplimiento de la normativa ambiental y energética vigente.