Resolución de 30 de abril de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Fuenlabrada n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una certificación de adjudicación de auto y un mandamiento de cancelación de cargas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria por existir anotada, con posterioridad a la carga ejecutada, una anotación preventiva de prohibición de disponer ordenada por juzgado.

Resolución de 30 de abril de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicada en el BOE el 5 de junio de 2025, que regula la inscripción de adjudicaciones en subasta y la cancelación de cargas posteriores en presencia de anotaciones preventivas de prohibición de disponer ordenadas en procedimientos penales y administrativos. La resolución establece que, en estos casos, prevalece el criterio de que la prohibición de disponer ordenada en causa penal o administrativa impide la inscripción de la adjudicación, incluso si la misma deriva de asientos anteriores a la anotación. Esto contrasta con la doctrina anterior, que permitía inscribir la adjudicación si ésta se basaba en asientos anteriores a la prohibición, siempre que no fuera ordenada en procedimientos penales o administrativos, en los que se prioriza el interés público y el orden público. La norma refuerza que solo el juez penal o administrativo puede autorizar expresamente la inscripción en estos supuestos, y que la prohibición de disponer en estos casos tiene carácter de cierre registral absoluto. La entrada en vigor de la resolución es inmediata, afectando a los procedimientos de inscripción y cancelación de cargas en el ámbito hipotecario y registral, especialmente en ejecuciones forzosas y adjudicaciones derivadas de embargos o subastas en presencia de prohibiciones de disponer ordenadas en procedimientos penales o administrativos.