Resolución de 8 de Julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Nota de Calificación de la Registradora de la Propiedad de Madrid N.º 11, por la Que Se Suspende la Inscripción de Una Certificación de Adjudicación de Auto y Un Mandamiento de Cancelación de Cargas Expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por Existir Anotada, con Posterioridad a la Carga Ejecutada, Una Anotación Preventiva de Prohibición de Disponer Practicada en Virtud de Mandamiento Expedido por la Fiscalía Europea de Madrid.

Resolución de 8 de julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que confirma la calificación registral y desestima el recurso interpuesto por la AEAT contra la suspensión de inscripción de una certificación de adjudicación y cancelación de cargas, debido a una anotación preventiva de prohibición de disponer ordenada por la Fiscalía Europea de Madrid en causa penal. La resolución regula la compatibilidad y límites de las prohibiciones de disponer de origen penal o administrativo frente a las inscripciones hipotecarias derivadas de ejecuciones forzosas previas. Afecta a titulares registrales, abogados, funcionarios y entidades públicas, estableciendo que, en casos de prohibiciones ordenadas en procedimientos penales o administrativos, prevalece el cierre registral absoluto, impidiendo la inscripción de actos posteriores sin autorización judicial expresa, incluso si los actos son anteriores a la prohibición. La resolución aclara que las prohibiciones voluntarias o civiles, con finalidad privada, permiten inscribir actos anteriores a la prohibición, arrastrando esta última, en línea con doctrina consolidada. La entrada en vigor es inmediata, y la norma refuerza el principio de prioridad registral en contextos de interés público y orden público, priorizando la protección del crédito público y la legalidad administrativa. La decisión reafirma que, en presencia de prohibiciones de disponer de origen penal o administrativo, no procede inscribir ejecuciones o adjudicaciones sin autorización judicial, garantizando la seguridad jurídica y el cumplimiento del orden público.