Resolución de 9 de Julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Nota de Calificación del Registrador de la Propiedad de Jávea N.º 1, por la Que Se Deniega la Inscripción de la Rectificación Descriptiva y de la Georreferenciación de Una Finca por Haberse Presentado Alegaciones en la Tramitación del Expediente del Artículo 199 de la Ley Hipotecaria por Uno de los Colindantes Notificados.

Resolución de 9 de julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Esta resolución regula el rechazo del recurso contra la nota de calificación del Registro de la Propiedad de Jávea, que denegó la inscripción de una rectificación descriptiva y georreferenciación de una finca en Teulada. La solicitud, presentada por R. B. D. I., buscaba ajustar la descripción registral a la realidad física, incrementando la superficie de 74,76 m² a 211,27 m², mediante expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, tras alegaciones de colindantes y un informe técnico que señalaba un exceso de cabida.

El registrador, tras notificar a los colindantes, recibió alegaciones de la colindante F. G. N., quien argumentó que parte del terreno incluido en la nueva georreferenciación corresponde a su propiedad y a una servidumbre inscrita, lo que generó dudas sobre la identidad y límites de la finca. La Dirección General concluye que la oposición basada en derechos inscritos y en la existencia de servidumbres, junto con indicios de alteración de linderos y superficies, justifican la duda sobre la correspondencia entre la realidad física y la descripción registral. Además, se destaca que la oposición no aporta prueba objetiva suficiente para desvirtuar la realidad registral y que la controversia debe resolverse judicialmente.

La resolución confirma la denegación de la inscripción, advirtiendo que la alteración de linderos y superficies sin acto jurídico que la respalde genera dudas sobre la identidad de la finca. La entrada en vigor es inmediata, y contra la misma cabe recurso judicial en plazo de dos meses.