Resolución de 15 de Julio de 2025, de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, por la Que Se Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de Julio de 2025, por el Que Se Aprueba la Resolución Definitiva para Liquidar el Contrato y Determinar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (rpa) del Contrato de Concesión Administrativa para la Construcción, Conservación y Explotación de la Autopista de Peaje Ocaña-la Roda y la Autovía Libre de Peaje A-43, Tramo: N-301-atalaya del Cañavate.

Resolución de 15 de julio de 2025, de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje

Esta norma aprueba la resolución definitiva para la liquidación del contrato de concesión de la autopista AP-36 Ocaña-La Roda y la autovía A-43, tramo N-301-Atalaya del Cañavate, tras la resolución del contrato en 2018 y en proceso de liquidación debido a concurso de la concesionaria. La resolución establece que la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) asciende a 309.193.505,68 euros, siendo inferior a las cantidades ya abonadas (319.647.818,43 euros en primera resolución y -46.914,98 euros en complementaria), por lo que se determina un saldo negativo de -11.638.073,51 euros, que debe ser reintegrado al Tesoro Público. Además, se retiene provisionalmente 1.230.675,74 euros para hacer frente a expedientes expropiatorios pendientes, cuya valoración puede variar en función de solicitudes de reanudación por los titulares de fincas afectadas, en cumplimiento de la ley presupuestaria de 2021. La resolución actualiza los criterios para el cálculo de la RPA, ajustándose a sentencias del Tribunal Supremo y al Acuerdo de interpretación de 2019, y contempla recursos administrativos y sentencias posteriores que modifican el procedimiento. La entrada en vigor está prevista tras su publicación en el BOE, y se habilita la posibilidad de interponer recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo en el plazo de dos meses. La resolución también ordena la publicación oficial y remite anexos con los valores y cálculos detallados.