Pleno. Sentencia 161/2025, de 7 de Octubre de 2025. Recurso de Amparo 6420-2021. Promovido por Doña María José Hernández Vitoria Respecto de la Sentencia de la Sala de Lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo Estimatoria del Recurso Interpuesto Frente Al Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial Relativo a Su Designación Como Miembro de la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea. Vulneración del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva (acceso a la Jurisdicción): Resolución Judicial Que Deja Imprejuzgada Una Alegación Sustancial de la Codemandada Al Entender Que el Ámbito de Cognición del Proceso Queda Restringido a Aquello Planteado por el Actor en Su Demanda.

Sentencia del Tribunal Constitucional 161/2025, de 7 de octubre de 2025

Esta resolución analiza la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en un recurso de amparo contra decisiones del Tribunal Supremo relacionadas con la revisión de un nombramiento en la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea (REDUE). La recurrente, beneficiaria del acto administrativo impugnado, denuncia que las resoluciones judiciales limitaron indebidamente su defensa y se basaron en un razonamiento formalista que excluyó del debate cuestiones sustantivas, como la valoración de méritos y la aplicación de medidas de discriminación positiva por razón de sexo.

El Tribunal Constitucional concluye que las decisiones impugnadas vulneraron su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, al restringir indebidamente el objeto del enjuiciamiento judicial sin fundamentación legal adecuada. La sentencia destaca que, aunque las resoluciones rechazaron pronunciarse sobre ciertos aspectos por entender que excedían del ámbito del proceso, ello no justifica la omisión de valorar cuestiones relevantes y relacionadas con la legalidad del acto administrativo impugnado.

Por tanto, se estima el recurso de amparo, se declara la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y se ordena la nulidad de la sentencia y providencia impugnadas, retrotrayendo las actuaciones al momento previo para que el órgano judicial resuelva con respeto a los derechos fundamentales afectados. La sentencia enfatiza la necesidad de garantizar una valoración plena y razonada en los procesos de revisión de actos administrativos en procedimientos de concurrencia competitiva, respetando los derechos de todas las partes y evitando decisiones formalistas que limiten el acceso a la justicia.