Recurso de Inconstitucionalidad N.º 6811-2025, en Relación con los Siguientes Preceptos de la Ley 5/2024, de 26 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025: (i) Disposición Final Cuarta, por la Que Se Modifica la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 11/1994, de 26 de Julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; y (ii) Disposición Final Octava, Apartado Uno, por el Que Se Modifican los Apartados 2 y 4, y Se Añaden Tres Nuevos Apartados, 7, 8 y 9, a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 9/2014, de 8 de Noviembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias.

Recurso de Inconstitucionalidad 6811-2025 contra preceptos de la Ley 5/2024 de Presupuestos de Canarias para 2025
Fecha oficial: 25 de noviembre de 2025

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra ciertos preceptos de la Ley 5/2024 de Presupuestos de Canarias para 2025. Específicamente, se cuestionan: (i) la disposición final cuarta, que modifica la disposición adicional cuarta de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, y (ii) la disposición final octava, que introduce cambios en la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias de 2014. La impugnación se basa en el artículo 161.2 de la Constitución, lo que conlleva la suspensión automática de la vigencia y aplicación de estos preceptos desde la fecha del recurso (30/09/2025), tanto para las partes en el proceso como para terceros desde la publicación en el BOE. La resolución afecta principalmente a las administraciones públicas, profesionales sanitarios y contribuyentes en Canarias, al suspender la aplicación de las modificaciones legislativas impugnadas. La decisión busca garantizar la constitucionalidad de las normas autonómicas en relación con la legalidad estatal. La suspensión es efectiva desde la interposición del recurso y la publicación del edicto en el BOE. La resolución, firmada por el Secretario de Justicia del Pleno, Alfonso Pérez Camino, refuerza la revisión judicial de las leyes autonómicas en materia de sanidad y fiscalidad.