BOE-A-2025-25339

Boletín Oficial del Estado

Resolución de 8 de Septiembre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra Nota de Calificación del Registrador de la Propiedad de Eivissa N.º 2, por la Que Se Suspende la Cancelación de Una Hipoteca Ordenada por Mandamiento Judicial, en el Que Se Incorpora Un Decreto de Cancelación de la Nota Marginal de la Existencia de Ejecución Hipotecaria y Un Auto de Cancelación de la Inscripción de Hipoteca por Pago.

Fecha de publicación

jueves, 11 de diciembre de 2025

Resumen

Resolución de 8 de septiembre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que revoca la calificación negativa del Registro de la Propiedad de Eivissa n.º 2 y ordena la cancelación registral de una hipoteca. La resolución regula la correcta ejecución del mandato judicial firme del 31 de julio de 2023, que ordena la cancelación de la hipoteca por sobreseimiento del procedimiento de ejecución hipotecaria, sin necesidad de consentimiento del acreedor ni acreditación de pago, conforme al artículo 82.2 de la Ley Hipotecaria. La resolución afecta a la finca n.º 25116, en Ibiza, y a las actuaciones del Registro que han rechazado la cancelación por supuestos defectos en la documentación presentada, invocando normas inaplicables y obstáculos procedimentales. La resolución destaca que la cancelación hipotecaria, ordenada por decreto judicial firme, debe practicarse sin requerir aclaraciones adicionales ni consentimiento del acreedor, siempre que exista una resolución judicial que declare el sobreseimiento o extinción de la obligación. La entrada en vigor es inmediata, y la resolución reafirma la obligación del Registro de cumplir con las resoluciones judiciales firmes, rechazando interpretaciones que obstaculicen la cancelación registral. Además, advierte sobre posibles acciones disciplinarias y penales en caso de incumplimiento. Este acto garantiza la seguridad jurídica y la subordinación del Registro a las resoluciones judiciales firmes, reforzando la protección del derecho del titular afectado.

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