BOE-A-2025-26458

Boletín Oficial del Estado

Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de Diciembre, por el Que Se Prorrogan Determinadas Medidas para Hacer Frente a Situaciones de Vulnerabilidad Social, y Se Adoptan Medidas Urgentes en Materia Tributaria y de Seguridad Social.

Fecha de publicación

miércoles, 24 de diciembre de 2025

Resumen

Resumen del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre
Fecha de publicación: 24 de diciembre de 2025

Este decreto-ley prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 diversas medidas sociales, tributarias y de Seguridad Social adoptadas en respuesta a la crisis derivada de la guerra en Ucrania y otras emergencias. Afecta a hogares vulnerables, pensionistas, trabajadores autónomos, administraciones públicas y entidades locales, mediante la extensión de ayudas, moratorias y límites en pensiones y cotizaciones.

Prorrogadas medidas en vivienda, como la suspensión de desahucios y lanzamientos para colectivos vulnerables, y la protección de suministros básicos. En energía, se mantienen descuentos en tarifas eléctricas y garantías de suministro para colectivos vulnerables, además de extender ayudas en eficiencia energética y movilidad eléctrica, incluyendo deducciones fiscales para instalaciones y vehículos eléctricos. En Seguridad Social, se revalorizan pensiones, se establecen límites máximos y mínimos, y se mantiene la compatibilidad de jubilación y actividad sanitaria hasta 2026. También se actualizan las bases de cotización y se establecen cotizaciones adicionales para bomberos forestales y agentes medioambientales.

Desde el punto de vista fiscal, se prorrogan incentivos y límites en el Impuesto sobre la Renta y el IVA, además de medidas específicas para afectados por catástrofes. En financiación territorial, se ajustan las entregas a cuenta y se habilitan mecanismos de endeudamiento para comunidades autónomas y entidades locales en situación de prórroga presupuestaria.

Vigencia: entra en vigor el día siguiente a su publicación, con efectos específicos en vivienda, pensiones y energía desde el 1 de enero de 2026. La norma responde a la necesidad de mantener la protección social y económica en un contexto de persistentes conflictos internacionales y crisis energéticas.