Resolución de 11 de Diciembre de 2025, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la Que Se Corrigen Errores en la de 14 de Noviembre de 2025, por la Que Se Otorga a Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, Slu, Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en Concreto, de la Utilidad Pública de la Línea Eléctrica Aéreo-subterránea a 220 Kv «set la Vid 220/30 Kv-set el Carrascal 400/220 Kv», y del Recinto de Medida 400 Kv, Así Como Declaración, en Concreto, de Utilidad Pública de la Línea Eléctrica Aérea a 400 Kv «set el Carrascal 400/220 Kv-rm Garoña» y de la Subestación «set el Carrascal 400/220 Kv», Que Forman Parte de la Infraestructura de Evacuación de la Instalación Fotovoltaica «agrupación Maira Beta», de 140,127 Mw de Potencia Instalada (burgos).

Resolución de 11 de diciembre de 2025, de la Dirección General de Política Energética y Minas

Esta resolución corrige errores en la resolución del 14 de noviembre de 2025, que otorgó a Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, SLU, autorización administrativa previa, de construcción y declaración de utilidad pública para la infraestructura de evacuación de la planta fotovoltaica "Agrupación Maira Beta" (140,127 MW) en Burgos. La modificación afecta a la descripción de los plazos para la obtención de la autorización de explotación, ajustando la fecha límite para cumplir con los hitos administrativos.

El impacto práctico para los interesados radica en la actualización del plazo máximo para obtener la autorización de explotación definitiva, que ahora se extiende hasta el 30 de junio de 2026, en línea con la resolución del 9 de mayo de 2024. La normativa afecta a promotores de proyectos fotovoltaicos, asesores jurídicos y fiscales, y administraciones públicas, garantizando mayor claridad en los plazos y cumpliendo con las medidas establecidas por el Real Decreto-ley 23/2020 y el Real Decreto-ley 8/2023.

La resolución entra en vigor el día de su publicación, el 25 de diciembre de 2025, y garantiza la continuidad del proceso administrativo en el marco de la normativa energética y ambiental vigente.