Decreto-ley 3/2026, de 24 de Marzo, de Medidas Urgentes en Materia Fiscal, de Simplificación y Agilización en la Gestión, en el Ámbito del Urbanismo y la Vivienda, en el Ámbito de Personal y Otras Medidas Urgentes en Prórroga Presupuestaria.

Decreto-ley 3/2026, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia fiscal, gestión, urbanismo, vivienda, personal y otras áreas en Cataluña (publicado en el DOGC el 14/05/2026)

Este decreto-ley regula medidas extraordinarias para afrontar la prórroga presupuestaria 2026, afectando a ámbitos fiscales, administrativos, urbanísticos, sociales y de personal, con especial énfasis en la gestión en contexto de prórroga automática del presupuesto 2023.

En materia fiscal, actualiza las bases del canon del agua y del impuesto sobre residuos, ajustando tipos impositivos y estableciendo incrementos anuales del 4,2% para 2027-2030. Además, modifica tarifas del impuesto sobre emisiones de CO₂ para vehículos de categoría N1, con tipos cero para emisiones hasta 160 g/km, y ajusta los gravámenes sobre depósitos de residuos, incineración y coincineración, con incrementos progresivos hasta 2031.

Se introducen medidas de simplificación administrativa, incluyendo la automatización de controles en la gestión presupuestaria, la digitalización de procedimientos y la creación de registros de grandes tenedores de viviendas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia en urbanismo, vivienda y función pública. Destacan la creación de la Plataforma urbanística de Cataluña y la regulación del uso compartido de datos para la evaluación y gestión de políticas públicas.

En urbanismo, se refuerzan instrumentos para agilizar la planificación, incluyendo la digitalización de la información urbanística, la regulación de usos provisionales y la protección de viviendas en zonas de mercado residencial tensado. Se establecen también medidas urgentes en vivienda, reforzando controles, transparencia en alquileres y la gestión de viviendas sociales.

En personal, se ajustan los procesos de integración y adjudicación de vacantes, y se habilitan funciones de control interno en la Administración pública. Además, se regulan aspectos de ciberseguridad, telecomunicaciones y protección de datos, garantizando la continuidad y seguridad de los servicios públicos.

Vigente desde su publicación, el decreto busca responder a la situación excepcional actual, garantizando la continuidad de políticas públicas y la protección social en un contexto de crisis socioeconómica.