Sentencia de 21 de Mayo de 2026, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Que Estima Parcialmente el Recurso Contencioso-administrativo Interpuesto por las Entidades Associació D'apartaments Turístics de Barcelona (apartur) y Associació Turística D'apartaments de Girona (ata), en la Representación Que de Ésta Ostenta, Contra el Real Decreto 1312/2024, de 23 de Diciembre, por el Que Se Regula el Procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y Se Crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la Recogida y el Intercambio de Datos Relativos a los Servicios de Alquiler de Alojamientos de Corta Duración; y Auto de 11 de Junio de 2026, de Rectificación de Errores.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2026 sobre el Real Decreto 1312/2024 de regulación de alquileres turísticos
Fecha oficial: 21 de mayo de 2026

Resumen:
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que estima parcialmente el recurso presentado por las asociaciones de apartamentos turísticos de Barcelona y Girona contra el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, que regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital para alquileres de corta duración. La resolución anula varios artículos del decreto (artículos 2, apartados f) y i), 5, 6, 8, 9, 10 y 12.b), además de los artículos 1, 2.j) y 6 en lo relativo al procedimiento de registro y al número de registro, dejando intacto el resto del texto. La decisión afecta directamente a la obligatoriedad y el alcance del registro de alquileres turísticos, generando un impacto jurídico y práctico en la gestión y cumplimiento normativo de las plataformas y propietarios de alojamientos de corta duración. La sentencia también aclara que el artículo 6 del decreto no se anula en su totalidad, sino únicamente en lo que respecta a las menciones específicas al procedimiento de registro y número de registro. La resolución entra en vigor tras su publicación en el BOE el 26 de junio de 2026 y no implica costas procesales para ninguna de las partes.

Para abogados, asesores y empresarios del sector turístico, esta sentencia supone una revisión significativa del marco regulatorio, afectando la implementación y cumplimiento del Registro Único de Arrendamientos.