Resolución de 8 de Octubre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Nota de Calificación de la Registradora de la Propiedad Interina de Benalmádena N.º 2, por la Que Se Suspende la Asignación de Un Número de Registro de Alquiler de Corta Duración Turístico.

Resolución de 8 de octubre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Esta resolución confirma la suspensión de la inscripción de un registro de alquiler de corta duración turístico en Benalmádena, debido a la existencia de cláusulas estatutarias en la comunidad de propietarios que prohíben expresamente el cambio de destino de los pisos para actividades comerciales, incluyendo el alquiler turístico. La resolución afecta a propietarios y gestores que pretendan registrar alquileres turísticos en inmuebles sometidos a estos estatutos, considerando que dicha prohibición estatutaria impide legalmente la asignación del número de registro.

El caso concreto involucra una solicitud presentada en mayo de 2025, que fue calificada negativamente por la registradora por falta de acreditación de representación y por las cláusulas estatutarias restrictivas. El recurso interpuesto por el abogado del interesado fue desestimado, reiterando que las cláusulas estatutarias que prohíben el uso turístico y actividades comerciales prevalecen sobre la posibilidad de registrar alquileres de corta duración, en línea con la normativa estatal y europea sobre registro de arrendamientos turísticos.

La resolución destaca que la competencia para la asignación del número de registro de alquiler de corta duración recae en los registros de la Propiedad, en virtud del Real Decreto 1312/2024, para garantizar el cumplimiento de requisitos urbanísticos, administrativos y civiles, y evitar ofertas irregulares. Además, subraya que la existencia de cláusulas estatutarias restrictivas, inscritas en el registro, impide la emisión de dicho número, salvo que se modifiquen formalmente los estatutos. La decisión puede ser recurrida ante los tribunales civiles en un plazo de dos meses.