Resolución de 16 de Enero de 2026, de la Subsecretaría, por la Que Se Publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Ministerio Fiscal, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General del Notariado, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la Fundación Once para la Cooperación e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, la Confederación Plena Inclusión España y la Fundación Aequitas, sobre el Foro Justicia y Discapacidad.

Resolución de 16 de enero de 2026, publicada el 23 de enero, que oficializa la publicación del Convenio sobre el Foro Justicia y Discapacidad suscrito entre diversas instituciones públicas y privadas españolas. Este acuerdo tiene como objetivo promover la accesibilidad y protección jurídica de las personas con discapacidad en el ámbito de la Administración de Justicia, mediante acciones coordinadas y programas formativos. Afecta a órganos judiciales, ministerios, colegios profesionales, asociaciones y fundaciones vinculadas a la discapacidad y justicia, estableciendo un marco de colaboración para mejorar la participación y garantizar derechos en condiciones de igualdad. El convenio contempla la creación de un Órgano Rector y una Comisión de Especialistas, encargados de coordinar actividades, estudios y propuestas normativas, así como de impulsar reformas y sensibilización social. La vigencia inicial es de cuatro años, prorrogables por acuerdo unánime, y no implica aportaciones económicas directas, aunque establece mecanismos de seguimiento y control de las acciones. La colaboración se basa en principios de confidencialidad, protección de datos y respeto a la normativa administrativa y de derechos fundamentales. La entrada en vigor será tras su inscripción en el Registro Electrónico del Sector Público y su publicación en el BOE. Este acuerdo refuerza el compromiso institucional con la plena inclusión social y el acceso efectivo a la justicia para las personas con discapacidad en línea con la Convención de Naciones Unidas y la Agenda 2030.