Resolución de 20 de Enero de 2026, de la Subsecretaría, por la Que Se Publica el Convenio Entre el Centro de Estudios Jurídicos, O.a., y la Intervención General de la Administración del Estado, para la Adhesión a los Sistemas Departamentales de la Intervención General de la Administración del Estado.

Fecha de publicación

viernes, 23 de enero de 2026

Sección

III. Otras Disposiciones

Departamento

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Epígrafe

Convenios

Resumen

Resolución de 20 de enero de 2026, de la Subsecretaría
Publicación en el BOE: 23 de enero de 2026

Esta resolución formaliza la publicación del convenio entre el Centro de Estudios Jurídicos, O.A., y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), para la adhesión a los sistemas departamentales de gestión económica y control financiero (CANOA y SOROLLA2).

El acuerdo establece las condiciones de colaboración para la provisión de servicios de soporte, mantenimiento, evolución y alojamiento de estos sistemas informáticos, dirigidos a mejorar la gestión presupuestaria, de costes y de inventario en organismos públicos. Afecta principalmente a la entidad Centro de Estudios Jurídicos, que se compromete a colaborar en la personalización, implantación y uso adecuado de los sistemas, así como a financiar parcialmente su mantenimiento mediante cuotas anuales. La IGAE, por su parte, garantiza soporte técnico, evolutivo y de seguridad, incluyendo medidas para la protección de datos conforme al RGPD y el Esquema Nacional de Seguridad.

El convenio entra en vigor el 1 de abril de 2026 y tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga hasta seis años en total. La financiación prevista para 2026-2029 asciende a aproximadamente 8.251 euros en 2026, incrementándose en años posteriores. La colaboración se regula en aspectos de confidencialidad, propiedad intelectual, seguimiento y resolución de conflictos, con un enfoque en la seguridad y protección de datos.

Este acuerdo resulta relevante para abogados, funcionarios y gestores públicos implicados en gestión presupuestaria y control interno, así como para asesores fiscales y económicos que deban evaluar el impacto de la digitalización en la administración pública.