Real Decreto 711/2026, de 2 de Septiembre, por el Que Se Regula la Concesión Directa de Subvenciones para la Financiación de Iniciativas Locales Destinadas a la Consecución de los Objetivos del Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Área de Influencia del Espacio Natural de Doñana, en el Ámbito de la Inclusión Social en el Ejercicio Presupuestario 2026.

Resumen del Real Decreto 711/2026, de 2 de septiembre (BOE, 3 de septiembre de 2026)

Este real decreto regula la concesión directa de 4,5 millones de euros en ayudas para financiar iniciativas locales en catorce municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana, con el objetivo de promover la inclusión social y el desarrollo territorial sostenible en 2026. La norma busca atender las necesidades socioeconómicas de una población vulnerable, caracterizada por bajos niveles de renta, empleo precario, desigualdades de género y bajos niveles educativos, en un territorio con alta biodiversidad y protección ambiental.

Afecta principalmente a los ayuntamientos de Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, La Puebla del Río, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa, quienes podrán destinar los fondos a proyectos de inclusión social, formación, apoyo psicosocial, mediación intercultural, y mejora de condiciones de vida, incluyendo a colectivos en situación de vulnerabilidad y temporeros agrícolas extranjeros.

La distribución de fondos se realiza en función de criterios poblacionales, pobreza y presencia de población extranjera, garantizando cobertura integral del territorio. La ayuda será gestionada mediante convenios específicos, con un plazo de ejecución hasta septiembre de 2028, y se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación y prioriza la colaboración con las entidades locales, garantizando transparencia, igualdad y respeto a principios constitucionales y normativos en la gestión de fondos públicos.