Resolución de 5 de Diciembre de 2025, de la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, por la Que Se Publica el Convenio con la Universidad Católica de Valencia, para la Realización de Prácticas Externas en la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y en la Subdelegación del Gobierno en Valencia.

Resolución de 5 de diciembre de 2025, de la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio
Publicada el 30 de enero de 2026 en el BOE (núm. 27, páginas 14805-14817)

Esta resolución formaliza la publicación del convenio entre la Universidad Católica de Valencia y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la realización de prácticas externas en la Delegación y Subdelegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y Valencia. El acuerdo, inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Cooperación (REOICO) desde el 1 de diciembre de 2025, establece la colaboración para que estudiantes de grados y máster de la universidad puedan completar sus estudios mediante prácticas curriculares o extracurriculares, con una duración mínima de 150 y máxima de 750 horas.

El convenio afecta a estudiantes universitarios de la Universidad Católica de Valencia, quienes participarán en actividades relacionadas con áreas como apoyo a la Secretaría General, Subdelegación del Gobierno, Gabinete de Prensa, Unidad contra la Violencia de Género, Expropiación Forzosa, Inmigración, Extranjería, Sanidad, Agricultura y Pesca, entre otras. La colaboración busca facilitar la adquisición de competencias profesionales, promover la empleabilidad y fortalecer la relación entre la universidad y la Administración Pública.

El acuerdo, vigente por cuatro años con posibilidad de prórroga de otros cuatro, detalla las obligaciones de las partes, incluyendo la designación de tutores, la gestión de seguros, confidencialidad y protección de datos, así como la constitución de una Comisión de Seguimiento. La relación con los estudiantes será de carácter formativo, sin implicaciones laborales ni estatutarias, y se garantiza la protección de datos conforme a la normativa vigente. La entrada en vigor es desde su publicación, el 30 de enero de 2026.