Pleno. Sentencia 7/2026, de 15 de Enero de 2026. Recurso de Amparo 7433-2023. Promovido por Don Eduardo Esteban Rincón en Relación con la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo Que Anuló el Real Decreto 417/2022, de 31 de Mayo, por el Que Se Le Promueve a la Categoría de Fiscal de Sala y Se Le Nombra Fiscal de Sala de la Fiscalía de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado. Vulneración del Derecho de Acceso a las Funciones Públicas: Resolución Judicial Que Hace de la Especialización en Derecho de Menores el Único Mérito Determinante de la Adjudicación de la Plaza (stc 138/2000). Votos Particulares.

Sentencia del Tribunal Constitucional 7/2026, de 15 de enero de 2026

Objeto y regulación:
Esta resolución declara la vulneración del derecho fundamental a la igualdad en el acceso a cargos públicos (art. 23.2 CE) en el proceso de nombramiento de un fiscal de sala coordinador de menores en la Fiscalía General del Estado, anula las resoluciones judiciales que invalidaron dichos nombramientos y restablece al recurrente en su derecho.

Impacto y afectados:
Afecta directamente al recurrente, don Eduardo Esteban Rincón, y a la legalidad del sistema de nombramientos discrecionales en el Ministerio Fiscal. La sentencia concluye que las decisiones judiciales anteriores vulneraron el principio de mérito y capacidad, al imponer criterios subjetivos y no previstos en la ley, como la especialización en menores, en detrimento del derecho a la igualdad y al acceso en condiciones de igualdad. La resolución enfatiza que la discrecionalidad legal del fiscal general del Estado debe respetar los límites de la ley, sin convertir mérito en requisito excluyente sin respaldo normativo. La entrada en vigor es inmediata.

Resumen práctico:
El Tribunal Constitucional anula las sentencias del Tribunal Supremo que invalidaron el nombramiento del recurrente, por entender que vulneraron su derecho a la igualdad y a acceder en condiciones de igualdad a cargos públicos. La sentencia reafirma que los nombramientos discrecionales en la carrera fiscal deben basarse en criterios legalmente establecidos y que la valoración de méritos debe ser plural y proporcional, sin convertir requisitos en condiciones excluyentes sin respaldo en la ley. La decisión refuerza el respeto a la discrecionalidad administrativa en el marco legal, evitando que decisiones judiciales sustituyan indebidamente la potestad del órgano competente. La resolución establece que la promoción profesional y los nombramientos en la Fiscalía deben ajustarse a los principios constitucionales de mérito, capacidad y legalidad, garantizando la igualdad de oportunidades.