BOE-A-2026-3738

Boletín Oficial del Estado

Orden Efd/99/2026, de 10 de Febrero, por la Que Se Corrigen Errores en la Orden Efd/988/2025, de 28 de Agosto, por la Que, en Estimación de Recurso, Se Modifican la Orden Efd/1369/2023, de 18 de Diciembre, Dictada a Propuesta de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, y la Orden Efd/966/2024, de 16 de Septiembre, Dictada a Propuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Andalucía; por las Que Se Nombra Personal Funcionario de Carrera de Cuerpos Docentes Como Consecuencia de los Procedimientos Selectivos Extraordinarios de Estabilización Convocados Respectivamente por Resolución de 11 de Noviembre de 2022 y por Resolución de 14 de Noviembre de 2022.

Resumen

Orden EFD/99/2026, de 10 de febrero
Publicada en el BOE el 18 de febrero de 2026

Esta orden corrige errores en la argumentación de la Orden EFD/988/2025, relacionada con la modificación de las puntuaciones y nombramientos de personal funcionario docente en procedimientos extraordinarios de estabilización en las comunidades de Madrid y Andalucía.

Afecta principalmente a los procesos de selección y nombramiento de docentes en dichas comunidades, ajustando detalles en las puntuaciones definitivas y recursos interpuestos por aspirantes, lo que puede impactar en la validez de los nombramientos y en la relación de personal seleccionado.

Las correcciones incluyen la eliminación de referencias específicas a puntuaciones individuales y la modificación de las recursos y resoluciones relacionadas con los procedimientos de estabilización, garantizando mayor precisión y coherencia en los procesos administrativos y jurídicos.

La entrada en vigor de esta orden es inmediata a su publicación en el BOE, el 18 de febrero de 2026.

Este acto normativo es relevante para abogados, funcionarios, asesores fiscales y laborales, economistas, y opositores, ya que clarifica aspectos de los procedimientos de estabilización docente y corrige errores en resoluciones administrativas que podrían afectar derechos y recursos en estos procesos.