BOE-A-2026-4742

Boletín Oficial del Estado

Resolución de 4 de Noviembre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Resolución del Registrador de la Propiedad de Cazalla de la Sierra, por la Que Se Acuerda la Práctica de la Inscripción Gráfica Georreferenciada Alternativa de Una Finca Procedente de Agrupación de Otras, Una Vez Tramitado el Procedimiento Regulado en el Artículo 199.2 de la Ley Hipotecaria por No Haberse Estimado las Alegaciones Formuladas.

Fecha de publicación

sábado, 28 de febrero de 2026

Resumen

Resolución de 4 de noviembre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Esta resolución revisa un recurso contra la práctica registral de una inscripción gráfica georreferenciada de una finca resultante de agrupación en Cazalla de la Sierra, tras alegaciones de colindantes que cuestionaban la delimitación. La resolución regula la validez y límites de inscripciones basadas en representación gráfica georreferenciada, en particular en casos de oposición de colindantes fundamentada en pruebas físicas, gráficas y documentales.

Afecta principalmente a propietarios colindantes, registradores y profesionales del sector inmobiliario, estableciendo que la práctica de inscripciones en procedimientos de jurisdicción voluntaria requiere motivación clara y fundamentada, especialmente cuando existen dudas sobre la delimitación física y gráfica de las fincas. La resolución reafirma que la oposición fundada y documentada, basada en pruebas físicas y evidencias en terreno, debe ser valorada con prudencia, y que en caso de controversia, la resolución debe incluir criterios técnicos y motivación suficiente para garantizar la seguridad jurídica y la tutela efectiva.

Se recuerda que las inscripciones practicadas gozan de presunción de veracidad, pero pueden ser impugnadas judicialmente si se demuestra que contienen errores o invasiones. La resolución también subraya que la vía adecuada para rectificar asientos es la judicial, no el recurso administrativo, y que la práctica registral debe respetar los derechos de terceros y la realidad física del terreno. La entrada en vigor es inmediata, y la resolución busca fortalecer la seguridad jurídica en la delimitación de fincas mediante procedimientos registrales y judiciales adecuados.