Resolución de 24 de Febrero de 2026, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la Que Se Publica la Modificación del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de Mayo de 2023, por el Que Se Fijan los Criterios de Distribución, Así Como el Reparto Resultante para las Comunidades Autónomas, del Crédito Destinado a la Financiación de Actuaciones de Inversión por Parte de Entidades Locales en el Marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Resolución de 24 de febrero de 2026, de la Secretaría de Estado de Turismo (BOE, 5 marzo 2026)

Objeto: Publica la versión consolidada del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, tras las modificaciones aprobadas en diciembre de 2023 y febrero de 2026, que establece los criterios de distribución y reparto de 478 millones de euros para inversiones en destinos turísticos en 2023, financiadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Impacto: Afecta a las comunidades autónomas y entidades locales, que recibirán fondos para proyectos de sostenibilidad, innovación digital, eficiencia energética, protección ambiental y mejora de la oferta turística. La distribución se realiza según criterios económicos, territoriales y turísticos, priorizando destinos con mayor impacto en turismo y sostenibilidad. Las actuaciones deben cumplir requisitos medioambientales, de transparencia, control y seguimiento, alineados con las normativas europeas y nacionales, incluyendo el principio "No causar daño significativo" (DNSH).

Entrada en vigor: Desde la publicación en el BOE, 5 marzo 2026, hasta el 30 junio 2026.

Resumen práctico: La resolución consolida el marco de distribución de fondos para proyectos turísticos sostenibles en 2023, detallando criterios, obligaciones de seguimiento, requisitos de justificación y control, así como las condiciones para la ejecución y rendición de cuentas. Incluye mecanismos para garantizar el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad, digitalización y cohesión territorial, con especial énfasis en la protección ambiental y la contribución al cambio climático. La gestión requiere transparencia, auditorías y cumplimiento de normativa europea y nacional, con posibles reintegros en caso de incumplimiento.