Acuerdo de 17 de Febrero de 2026, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el Que Se Publica el Acuerdo de 19 de Diciembre de 2025, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por el Que Se Aprueban la Composición, Normas de Reparto y Asignación de Ponencias de la Sala de Lo Contencioso-administrativo, Sala de Lo Social, Sala de Lo Civil y Penal y Formación de la Sala Especial del Artículo 77 Lopj, para el Año 2026.

Acuerdo de 17 de febrero de 2026 del Consejo General del Poder Judicial
Publicación en el BOE: 9 de marzo de 2026

Este acuerdo regula la composición, normas de reparto y asignación de ponencias para las Salas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 2026, incluyendo las de lo Contencioso-Administrativo, Social, Civil y Penal, así como la Sala Especial del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Afecta a Magistrados y Magistradas de dichas Salas, estableciendo criterios claros para la distribución de asuntos por materia, turnos de reparto, procedimientos de recusación, returno de asuntos y seguimiento del reparto. En particular, se detallan los grupos de materias civiles y penales, con reglas específicas para la asignación de ponencias en función del orden de registro y antigüedad, así como excepciones para casos de especial dedicación o sustituciones. Para la Sala de lo Social, se mantienen las normas de reparto del año anterior, con distribución por grupos de materia y procedimientos específicos para recursos en materia laboral, de Seguridad Social y de responsabilidad patrimonial.

Asimismo, se establecen las normas de distribución de asuntos en la Sala Contencioso-Administrativo, diferenciando entre primera, segunda y tercera instancia, con criterios de reparto según la materia y la Administración implicada. También se especifican los procedimientos para la asignación de ponencias en recursos de casación y queja, incluyendo la composición de una Sala Especial para su resolución.

El acuerdo entra en vigor en la fecha de su publicación y busca garantizar la eficiencia y transparencia en la gestión judicial durante 2026.