BOE-A-2026-811

Boletín Oficial del Estado

Resolución de 2 de Octubre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Nota de Calificación Expedida por el Registrador de la Propiedad de Castellón de la Plana N.º 1, por la Que Se Suspende la Asignación del Número de Registro Único de Alquiler Turístico a Favor de la Vivienda Propiedad de Una Entidad.

Fecha de publicación

miércoles, 14 de enero de 2026

Resumen

Resolución de 2 de octubre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que confirma la denegación del registro único de alquiler turístico a una vivienda propiedad de una entidad en Castellón. La resolución regula el proceso de asignación del número de registro de alquiler de corta duración, en línea con el Real Decreto 1312/2024, y establece que la solicitud debe ser presentada por el titular registral o quien acredite su representación. La resolución afecta a propietarios, gestores y plataformas de alquiler turístico, ya que refuerza la necesidad de cumplir requisitos urbanísticos y estatutarios específicos.

En este caso, la calificación negativa se fundamenta en que los estatutos del edificio inscriben una prohibición expresa de actividades profesionales, comerciales o empresariales, limitando el uso a vivienda en sentido estricto, lo que impide destinar la propiedad a alquiler turístico. La resolución destaca que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la prohibición de actividades económicas en estatutos debe ser expresa y estar inscrita en el Registro de la Propiedad para ser efectiva frente a terceros. Además, se reafirma que el arrendamiento sin servicios complementarios no constituye actividad económica, por lo que no puede ser prohibido por estatutos que no contienen una prohibición expresa.

La entrada en vigor del acuerdo es inmediata, y la resolución puede ser recurrida ante los tribunales civiles en un plazo de dos meses. La norma refuerza la interpretación restrictiva de las limitaciones estatutarias y la necesidad de inscribir prohibiciones específicas para restringir el uso turístico de viviendas en régimen de propiedad horizontal.

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