BOE-A-2025-16275

Boletín Oficial del Estado

Resolución de 10 de Julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Calificación de la Registradora de la Propiedad de Salamanca N.º 1, por la Que Se Deniega la Asignación del Número de Registro de Alquiler de Corta Duración Correspondiente a Un Inmueble.

Fecha de publicación

miércoles, 6 de agosto de 2025

Resumen

Resolución de 10 de julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Esta resolución revisa un recurso contra la calificación negativa del Registro de la Propiedad de Salamanca n.º 1, que denegó la inscripción del número de registro de alquiler de corta duración (VUT) para un inmueble. La negativa se fundamentó en la falta de documentación acreditativa de la inscripción en el registro de turismo de Castilla y León y de la conformidad urbanística del Ayuntamiento de Salamanca, además de la no firmeza de una sentencia judicial presentada.

El recurso argumenta que la actividad de alquiler turístico fue previamente autorizada por la Junta de Castilla y León y ejercida sin oposición administrativa durante años, y que la sentencia judicial, aunque no firme, tiene efectos ejecutivos provisionales. Además, se sostiene que la normativa urbanística y ambiental vigente en 2020, cuando se solicitó la inscripción, no exigía la conformidad municipal ni comunicación ambiental previa, por lo que su falta no puede ser motivo de rechazo.

La resolución confirma la calificación negativa, señalando que la normativa hipotecaria y de arrendamientos de corta duración, incluyendo el Real Decreto 1312/2024, establece que la asignación del número de registro es provisional y debe verificarse la documentación en función de la normativa vigente en el momento. La sentencia no firme no puede afectar la inscripción registral, que requiere firmeza para su validez.

Se desestima el recurso y se confirma la calificación negativa, recordando que contra esta resolución cabe interponer demanda ante los tribunales en plazo de dos meses.

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