Resolución de 10 de Julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Negativa de la Registradora de la Propiedad de Madrid N.º 27 a Inscribir Una Escritura de Cambio de Uso de Local para Destinarlo a Vivienda.

Resolución de 10 de julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Esta resolución revisa un recurso contra la negativa de inscribir el cambio de uso de un local a vivienda en Madrid, otorgado en julio de 2024. La controversia se centra en si la documentación aportada, que incluye informes técnicos y certificaciones catastrales, acredita la antigüedad del uso residencial y su conformidad urbanística, permitiendo la inscripción registral sin necesidad de licencia municipal previa.

Afecta a propietarios, abogados, gestores y profesionales del sector inmobiliario, ya que delimita los requisitos para inscribir cambios de uso en el Registro, especialmente en casos de edificaciones con antigüedad superior a los plazos de prescripción urbanística. La resolución confirma que, para aplicar la vía de prescripción urbanística y registrar cambios de uso, es imprescindible la certificación del órgano administrativo competente que acredite la consolidación del uso, sin que la mera declaración técnica o catastral sea suficiente si no se acredita además que el uso no contraviene el planeamiento urbanístico.

Se establece que la inscripción de cambios de uso en edificios ya declarados requiere, en el marco del artículo 28.4 de la Ley de Suelo, la acreditación de la antigüedad y la conformidad urbanística mediante certificación administrativa, no solo la declaración técnica o catastral. La resolución refuerza la necesidad de control administrativo previo y la importancia de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, confirmando la improcedencia de inscribir cambios de uso sin la documentación adecuada y sin resolución expresa o conformidad municipal.

Vigente desde su publicación, la resolución sienta doctrina sobre los requisitos para la inscripción de cambios de uso en edificaciones consolidadas, reforzando el papel del control administrativo en la seguridad jurídica inmobiliaria.