BOE-A-2025-16391

Boletín Oficial del Estado

Resolución de 16 de Julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Nota de Calificación del Registrador de la Propiedad de Mojácar, por la Que Se Deniega la Inscripción de la Rectificación Descriptiva y de la Georreferenciación de Una Finca por Haberse Presentado Alegaciones en la Tramitación del Expediente del Artículo 199 de la Ley Hipotecaria por Uno de los Colindantes Notificados, Que Son Estimadas por el Registrador.

Fecha de publicación

jueves, 7 de agosto de 2025

Resumen

Resolución de 16 de julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Esta resolución regula la denegación de la inscripción de la rectificación descriptiva y georreferenciación de fincas en Mojácar, tras alegaciones de un colindante que cuestiona la ubicación física de las fincas registrales 10.258 y 13.729. La resolución afecta a los titulares registrales que solicitaron la coordinación catastral y registral mediante expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, y a los colindantes que alegaron derechos sobre las fincas. La Dirección General confirma que la calificación negativa del registrador, basada en alegaciones no acreditadas como titulares colindantes, es ajustada a Derecho, dado que las alegaciones no cumplen los requisitos legales para impedir la inscripción. La resolución destaca que la oposición de terceros no es suficiente para denegar la inscripción si no se acredita un interés legítimo y un posible conflicto judicial, y que la correspondencia entre las fincas registrales y catastrales debe ser indubitada y motivada. La resolución también recuerda que la participación de colindantes en estos procedimientos es esencial para evitar indefensión y conflictos, pero que la simple oposición sin prueba técnica no justifica la denegación. La entrada en vigor es inmediata, y contra la misma cabe recurso ante los tribunales civiles en el plazo de dos meses. La decisión reafirma la necesidad de motivación objetiva en las calificaciones registrales y la prevalencia del interés de la seguridad jurídica en la inscripción de las fincas.

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