Real Decreto 1071/2025, de 26 de Noviembre, por el Que Se Regula la Concesión Directa de Subvenciones para el Desarrollo de las Actuaciones Complementarias de Saneamiento y Depuración del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, y Se Modifican el Real Decreto 731/2022, de 6 de Septiembre, por el Que Se Regula la Concesión Directa de Subvenciones para el Desarrollo de Actuaciones de Adaptación Al Riesgo de Inundación de las Edificaciones, Equipamientos e Instalaciones o Explotaciones Existentes en el Tramo Medio del Río Ebro y Principales Afluentes Asociados Dentro de la Estrategia Ebro Resilience y en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y el Real Decreto 786/2022, de 27 de Septiembre, por el Que Se Regula la Concesión Directa de Una Subvención para el Desarrollo de Actuaciones de Adaptación del Riesgo de Inundación de las Edificaciones, Equipamientos e Instalaciones o Explotaciones Existentes en la Cuenca Baja del Río Segura, en la Comunitat Valenciana, Como Contribución Al Plan Vega Renhace en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Real Decreto 1071/2025, de 26 de noviembre
Fecha de publicación: 28 de noviembre de 2025

Este decreto regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de la cuenca del Mar Menor en Murcia para actuaciones complementarias de saneamiento y depuración, en el marco de las acciones prioritarias para su recuperación ambiental. La medida responde a la grave eutrofización y deterioro ecológico de la laguna, causado por excesivos nutrientes, especialmente nitrogenados y fosforados, que provocan fenómenos de hipoxia, mortandad de fauna y pérdida de biodiversidad.

Afecta directamente a los municipios de Los Alcázares, Cartagena, Fuente Álamo, Murcia, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar y La Unión, destinando un total de 20 millones de euros para financiar obras de mejora en redes de saneamiento, construcción de sistemas de drenaje sostenible, y soluciones basadas en la naturaleza en zonas rurales y urbanas. La ayuda se otorga en régimen de concesión directa por razones de interés público, dada la urgencia y la necesidad de actuar con celeridad para evitar una degradación irreversible del ecosistema.

Las actuaciones deben ejecutarse en un plazo de 48 meses, prorrogables hasta 96 meses, y serán gestionadas directamente por los ayuntamientos beneficiarios. La normativa garantiza transparencia, control y cumplimiento de obligaciones de publicidad y justificación. La entrada en vigor es inmediata tras su publicación.