Resolución de 26 de Febrero de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Calificación del Registrador de la Propiedad Interino de Quintanar de la Orden, por la Que Se Deniega la Cancelación de Una Hipoteca Solicitada mediante Instancia por Caducidad.

Resolución de 26 de febrero de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Esta resolución revisa un recurso contra la calificación del registrador de la Propiedad de Quintanar de la Orden, que denegó la cancelación de una hipoteca inscrita en 2006, basada en la caducidad registral. La recurrente argumenta que la cancelación debe proceder por prescripción de la acción hipotecaria, debido a la inactividad prolongada del acreedor, la inexistencia de procedimiento vigente y la firmeza de un auto de sobreseimiento de 2017. La resolución aclara que la calificación del registrador se fundamenta en la caducidad de los asientos registrales, que se produce a los 21 años desde la inscripción, y no en la prescripción de la acción hipotecaria, que en este caso no puede ser apreciada por el registrador. La Dirección General confirma que la prescripción de la acción hipotecaria no puede ser calificada por el registrador, y que en este caso no ha transcurrido el plazo de 21 años desde la cancelación del procedimiento judicial (marzo de 2036). Por tanto, se desestima el recurso y se confirma que la hipoteca no puede cancelarse por caducidad ni prescripción en este momento. La resolución también indica que la petición subsidiaria de practicar una nota marginal de prescripción no ha sido objeto de calificación negativa y puede ser recurrida ante los tribunales civiles. La entrada en vigor es inmediata, y la resolución refuerza la distinción entre caducidad registral y prescripción de la acción hipotecaria, estableciendo que solo la primera puede dar lugar a cancelación registral en los plazos señalados por la ley.