Resolución de 2 de Marzo de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Calificación del Registrador de la Propiedad de Pravia-belmonte de Miranda, por la Que Se Suspende la Inscripción de Una Escritura de Liquidación de Sociedad Conyugal y Aceptación y Adjudicación de Herencia.

Resolución de 2 de marzo de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Esta resolución analiza la inscribibilidad de una escritura de liquidación de sociedad conyugal y aceptación y adjudicación de herencia, presentada en el Registro de Pravia-Belmonte de Miranda. La escritura, autorizada en julio de 2025, corresponde a la liquidación del fallecimiento de G. R. F. en 2011, y a la herencia de su esposa e hijos, incluyendo la transmisión de derechos de un heredero, J. G. R. I., fallecido en 2019, quien dejó herederos y renunció a su herencia.

El registrador suspendió la inscripción por la falta de comparecencia o ratificación de la legataria de parte alícuota, doña D. A. M., respecto a las operaciones practicadas por los herederos del transmitente, alegando que no forma parte de la comunidad hereditaria ni es legitimaria del transmitente. La parte recurrente argumenta que, tras la renuncia de los herederos del transmitente, la legataria no necesita intervenir en la partición, ya que no es legitimaria y su derecho de transmisión (ius delationis) no se fragmenta en sucesiones independientes.

La resolución reafirma que los transmisarios adquieren la herencia del primer causante por el derecho de transmisión y que su intervención en la partición es necesaria, especialmente en casos de renuncias y legados parciarios. Se concluye que la intervención de la legataria de parte alícuota en la partición no es obligatoria si no es legitimaria, y que la renuncia de los herederos del transmitente no afecta su capacidad para aceptar en nombre de los repudiantes la herencia del primer causante. La resolución confirma la calificación negativa y establece que el recurso debe ser resuelto judicialmente si procede. La entrada en vigor es inmediata.